Normativas sobre la debida diligencia y los informes en la cadena de suministro

La CSRD, basada en 12 Normas Europeas de Información sobre la Sostenibilidad (NEIS), exigen a las empresas que presenten información detallada sobre su desempeño en sostenibilidad y que tengan en cuenta el impacto de la sostenibilidad en su negocio.

La UE ha aplicado nuevas normativas que prohíben los productos fabricados en condiciones de trabajo forzado en el mercado de la Unión Europea, y permiten al mismo tiempo interceptar los envíos en las fronteras europeas. Las autoridades nacionales o la Comisión Europea investigarán los productos y cadenas de suministro sospechosos.

Las empresas que operan en la UE y comercian con determinados productos deben aplicar un proceso exhaustivo de diligencia debida en sus cadenas de suministro para evitar adquirir productos de explotaciones forestales ilegales y reducir así considerablemente la deforestación.

La Ley C-12 establece por escrito la transición a las cero emisiones netas de Canadá. Esta medida establece por ley los objetivos federales en materia de emisiones, sentando así un precedente para que las empresas canadienses también se responsabilicen de los objetivos de reducción de emisiones.

El Gobierno australiano ha publicado su segundo documento de consulta sobre información financiera relacionada con el clima, en el que ha expuesto el diseño propuesto del régimen obligatorio de información climática de Australia.

El BRSR, un marco para la elaboración de informes ESG en la India, representa una revolución significativa con respecto a las directrices voluntarias de elaboración de informes de responsabilidad corporativa (BRR) establecidas en 2009. En la actualidad, el panorama mundial de la presentación de información exige normas más refinadas para mejorar las revelaciones sobre sostenibilidad y promover la transparencia y la responsabilidad de las empresas indias.

La Ley SB 261 exige a las entidades con más de 500 millones de dólares en ingresos anuales totales que lleven a cabo actividades en California que preparen y divulguen un informe de riesgos financieros relacionados con el clima cada dos años.

En marzo de 2024, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de Estados Unidos aprobó las normas definitivas que exigen la divulgación de información relacionada con el clima en las declaraciones de registro y los informes periódicos. La aplicación de la norma, que tiene un año de antigüedad, se ha detenido ante las continuas impugnaciones y el relevo en la Administración.

La Ley de Aduanas Uigur es una ley federal estadounidense cuyo objetivo consiste en impedir que las importaciones vinculadas al trabajo forzoso procedentes de la región autónoma uigur de Xinjiang (China) entren en los mercados estadounidenses. Los importadores cuyos envíos estén marcados por su posible asociación con la región tendrán que demostrar que sus productos no proceden de Xinjiang o no se han producido con trabajo forzoso.

La ley 253 del Senado de California, conocida como Ley de Responsabilidad de Datos Corporativos sobre el Clima, exige a las grandes empresas que operan en California que informen sobre sus emisiones de GEI de acuerdo con las normas y directrices del GHG Protocol. En virtud de esta ley, las empresas afectadas deben informar sobre su huella de carbono completa, lo que abarca las emisiones de alcance 3.

Descubra los aranceles sobre las emisiones de carbono de la UE y cómo afecta a los importadores. Conozca los requisitos de cumplimiento, los plazos de presentación de reportes y las últimas novedades, como las posibles exenciones para los pequeños importadores.

A partir de enero de 2024, la "Ley de Lucha contra el Trabajo Forzoso y el Trabajo Infantil en las Cadenas de Suministro", también conocida como Proyecto de Ley S211, establece la obligación de que algunas entidades informen sobre las medidas que han adoptado para prevenir y reducir el riesgo de que ellas o sus proveedores recurran al trabajo forzoso o infantil. Los primeros informes deben presentarse a finales de mayo de 2024.

Consulte cómo la Ley de Transparencia en las Cadenas de Suministro de California (CTSCA) exige a las empresas que informen sobre sus esfuerzos para combatir la trata de seres humanos y el trabajo forzoso. Descubra estrategias de cumplimiento, buenas prácticas y orientación sobre formación para reforzar sus prácticas de cadena de suministro y cumplir sus obligaciones legales.

Este régimen legislativo de la Commonwealth australiana establece la obligación de que determinadas grandes empresas presenten información de dominio público anualmente sobre sus medidas para mitigar los riesgos de trabajo forzoso en sus operaciones y cadenas de suministro. La obligación de informar se aplica a las entidades australianas y a las entidades extranjeras que desarrollan su actividad en Australia.

Esta ley histórica de 2015 consolidó los delitos de esclavitud moderna y trata de seres humanos e introdujo medidas preventivas, sistemas de apoyo y un organismo regulador. El régimen actual exige a las entidades comerciales que publiquen una declaración anual sobre sus esfuerzos para erradicar el trabajo forzoso o involuntario en cualquier eslabón de sus cadenas de valor.

El SFDR impone requisitos de reportes sobre los fondos de inversión y los demás participantes en el mercado financiero para captar el desempeño en ESG. Una divulgación amplia y normalizada debería permitirles a los inversores tomar decisiones informadas sobre los impactos medioambientales y sociales de sus opciones de inversión.

Esta taxonomía es ante todo un sistema de clasificación que establece una lista de actividades económicas sostenibles desde el punto de vista medioambiental. Para aumentar la inversión sostenible y limitar el lavado de imagen verde, la UE elaboró un marco de evaluación con criterios bien definidos para la selección científica de 170 actividades.

La Lieferkettengesetzes o LkSG exige la aplicación de la diligencia debida en materia de derechos humanos y medio ambiente en las cadenas de suministro. La ley alemana refuerza una legislación cada vez más prescriptiva para garantizar que las empresas se responsabilicen de sus cadenas de valor. Asimismo, precisa acciones y parámetros específicos de diligencia debida en mapeo, evaluación y mitigación de riesgos, así como un umbral más alto para la respuesta de los proveedores.

La ley francesa de diligencia debida exige que empresas específicas establezcan planes anuales de vigilancia para identificar y prevenir violaciones graves de los derechos humanos, libertades fundamentales, salud y seguridad de las personas, y medioambiente cometidas por sus filiales, proveedores o subcontratistas.

La legislación neerlandesa propuesta obligaría a las empresas a investigar si sus bienes o servicios se han producido mediante trabajo infantil y a diseñar un plan que prevenga su existencia. La ley también impondría la obligación de reportes sobre las empresas que afirmen que han ejercido un nivel apropiado de diligencia debida en la cadena de suministro para evitar el trabajo infantil.

La Ley de Transparencia garantiza el acceso público a la información sobre el modo en que las empresas salvaguardan los derechos humanos y las condiciones laborales dignas en sus cadenas de suministro. Las grandes empresas que desarrollan su actividad en Noruega tienen ahora la obligación legal de aplicar la diligencia debida en materia de derechos humanos e informar de sus hallazgos.